La Casa del Gobernador Velarde, en la calle San Jorge, está siendo expoliada por su actual propietario, al parecer sin ningún tipo de licencia municipal,  a pesar de estar protegida globalmente por el vigente PGOU.

La única casa señorial que queda en la calle San Jorge, justo enfrente del convento de Regina, está siendo en estos días expoliada, con nocturnidad y alevosía, con el avieso fin de que quede completamente ruinosa y no quede más remedio que proceder a su demolición. Para dicho fin, ya han sido retiradas las columnas de mármol, la escalera principal y diversos elementos constructivos que aseguraban la solidez del inmueble.

 

Una vez más, el Aula “Gerión” denuncia estas prácticas especulativas que por desgracia abundan en nuestra ciudad como la que se pretende realizar en esta casa, cargada de historia y simbología para la memoria histórica de nuestro pueblo, como quedó bien probado en el artículo publicado por Salvador Daza en estas mismas páginas en Diciembre de 2002, en el que se explicaba la gran importancia histórica y política de esta casa señorial. Por un lado, habría que destacar el haber sido residencia del gobernador sanluqueño Jacinto Alonso Velarde, quien fue asesinado en el interior de ella por el fraile agustino fray Alonso Díaz el 8 de Julio de 1714, falleciendo posteriormente allí el 15 del mismo mes y año. Por otro lado, el haber sido morada de la familia González Peña, creadora de las Bodegas González Byass y del célebre artillero, de fama internacional, González Hontoria.

 

Habría que recordar también  que, en el vigente PGOU, este inmueble aparece catalogado en la ficha correspondiente (nº B-90) con un nivel de protección “GLOBAL”. Responde a la tipología de “casa señorial” con fachada de tipo “tradicional-popular”. El nivel de protección prescrito por el PGOU indica que los elementos a conservar son los “espacios de acceso, el patio principal y los elementos de articulación espacial del edificio, así como las fachadas y crujías asociadas a las mismas”. Lo más destacable, no obstante, quizá sea la “afección singular” que dicha casa presenta con el Monumento catalogado con el nº A-19, que no es otro que la Iglesia y convento de Regina Celi. Cualquier obra que se proyecte en esta casa deberá pues tener muy en cuenta este “Entorno” y, por tanto, cualquier tipo de demolición deberá contar con el correspondiente informe de la Delegación Provincial de Cultura, tal y como prescriben las leyes vigentes.

 

La historia de este edificio se remonta nada menos que a 1548. Aun a pesar de eso, si nadie lo remedia, la piqueta volverá a hacer de las suyas en nuestra ciudad, inaugurando así un nuevo período político aún más destructor y expoliador que la legislatura que ahora acaba. Teniendo en cuenta que la casa del gobernador Velarde ha sido comprada por un conocido empresario sanluqueño, muy vinculado al PP, no nos extrañaría nada que este caso no fuese más que el comienzo de una serie de actuaciones depredadores de nuestro Patrimonio, aun a pesar de las buenas palabras e intenciones de algunos políticos del equipo de gobierno anterior.

 

Las actuaciones practicadas en la casa de Velarde no han contado hasta ahora —según la información obtenida por “Gerión”— con ningún tipo de autorización ni licencia municipal de ninguna clase, a no ser que vuelvan a explicarnos que se trata de una “orden verbal”. Si los políticos municipales no respetan la legalidad vigente, habrá que hacérsela respetar, y para ello, el asesor jurídico del Aula “Gerión” denunciará en las instancias oportunas toda infracción urbanística y todos los atentados contra nuestro patrimonio, vengan de donde vengan. No podemos seguir consintiendo que destruyan nuestro pasado, nuestra propia imagen, nuestros edificios emblemáticos, cargados de historia, misterio y leyenda, que, al fin y al cabo es lo único que mantiene la identidad de un pueblo, que le otorga su idiosincrasia y que atrae a esos visitantes que tanto deseamos.

 

La situación de la casa de Velarde es deficiente, pero no ruinosa. El Ayuntamiento debe impedir, con la fuerza de la Ley, su demolición y negarse a conceder ningún tipo de licencia que suponga un pérdida irreparable de su morfología actual. El inmueble necesita una rehabilitación que respete exquisitamente su características singulares en concordancia con nuestras propias leyes y normativas urbanísticas. La Ley obliga a todos y todos confiamos en que la mayoría absoluta pare de una vez los compadreos, artimañas y corruptelas tan abundantes en Sanlúcar de Barrameda.

 

 

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