
La
Casa del Gobernador Velarde, en la calle San
Jorge, está siendo expoliada por su actual
propietario, al parecer sin ningún tipo de
licencia municipal,
a pesar de estar protegida globalmente
por el vigente PGOU.
La única casa señorial que queda en
la calle San Jorge, justo enfrente del
convento de Regina, está siendo en estos días
expoliada, con nocturnidad y alevosía, con
el avieso fin de que quede completamente
ruinosa y no quede más remedio que proceder
a su demolición. Para dicho fin, ya han sido
retiradas las columnas de mármol, la
escalera principal y diversos elementos
constructivos que aseguraban la solidez del
inmueble.
Una vez más, el Aula “Gerión”
denuncia estas prácticas especulativas que
por desgracia abundan en nuestra ciudad como
la que se pretende realizar en esta casa,
cargada de historia y simbología para la
memoria histórica de nuestro pueblo, como
quedó bien probado en el artículo publicado
por Salvador Daza en estas mismas páginas en
Diciembre de 2002, en el que se explicaba la
gran importancia histórica y política de
esta casa señorial. Por un lado, habría que
destacar el haber sido residencia del
gobernador sanluqueño Jacinto Alonso
Velarde, quien fue asesinado en el interior
de ella por el fraile agustino fray Alonso Díaz
el 8 de Julio de 1714, falleciendo
posteriormente allí el 15 del mismo mes y año.
Por otro lado, el haber sido morada de la
familia González Peña, creadora de las
Bodegas González Byass y del célebre
artillero, de fama internacional, González
Hontoria.
Habría que recordar también que, en el vigente PGOU, este inmueble
aparece catalogado en la ficha
correspondiente (nº B-90) con un nivel de
protección “GLOBAL”. Responde a
la tipología de “casa señorial”
con fachada de tipo “tradicional-popular”.
El nivel de protección prescrito por el PGOU
indica que los elementos a conservar son los “espacios
de acceso, el patio principal y los elementos
de articulación espacial del edificio, así
como las fachadas y crujías asociadas a las
mismas”. Lo más destacable, no
obstante, quizá sea la “afección
singular” que dicha casa presenta con el
Monumento catalogado con el nº A-19, que no
es otro que la Iglesia y convento de Regina
Celi. Cualquier obra que se proyecte en esta
casa deberá pues tener muy en cuenta este “Entorno”
y, por tanto, cualquier tipo de demolición
deberá contar con el correspondiente informe
de la Delegación Provincial de Cultura, tal
y como prescriben las leyes vigentes.
La historia de este edificio se
remonta nada menos que a 1548. Aun a pesar de
eso, si nadie lo remedia, la piqueta volverá
a hacer de las suyas en nuestra ciudad,
inaugurando así un nuevo período político
aún más destructor y expoliador que la
legislatura que ahora acaba. Teniendo en
cuenta que la casa del gobernador Velarde ha
sido comprada por un conocido empresario
sanluqueño, muy vinculado al PP, no nos
extrañaría nada que este caso no fuese más
que el comienzo de una serie de actuaciones
depredadores de nuestro Patrimonio, aun a
pesar de las buenas palabras e intenciones de
algunos políticos del equipo de gobierno
anterior.
Las actuaciones practicadas en la casa
de Velarde no han contado hasta ahora —según
la información obtenida por “Gerión”—
con ningún tipo de autorización ni licencia
municipal de ninguna clase, a no ser que
vuelvan a explicarnos que se trata de una
“orden verbal”. Si los políticos
municipales no respetan la legalidad vigente,
habrá que hacérsela respetar, y para ello,
el asesor jurídico del Aula “Gerión”
denunciará en las instancias oportunas toda
infracción urbanística y todos los
atentados contra nuestro patrimonio, vengan
de donde vengan. No podemos seguir
consintiendo que destruyan nuestro pasado,
nuestra propia imagen, nuestros edificios
emblemáticos, cargados de historia, misterio
y leyenda, que, al fin y al cabo es lo único
que mantiene la identidad de un pueblo, que
le otorga su idiosincrasia y que atrae a esos
visitantes que tanto deseamos.
La situación de la casa de Velarde es
deficiente, pero no ruinosa. El Ayuntamiento
debe impedir, con la fuerza de la Ley, su
demolición y negarse a conceder ningún tipo
de licencia que suponga un pérdida
irreparable de su morfología actual. El
inmueble necesita una rehabilitación que
respete exquisitamente su características
singulares en concordancia con nuestras
propias leyes y normativas urbanísticas. La
Ley obliga a todos y todos confiamos en que
la mayoría absoluta pare de una vez los
compadreos, artimañas y corruptelas tan
abundantes en Sanlúcar de Barrameda.
